MIAMI — Estados Unidos quiere extraditar pronto al expresidente peruano Alejandro Toledo para que enfrente acusaciones de corrupción en su país y evitar que se fugue mientras se resuelve una batalla legal en California.
“Toledo debe ser detenido porque a medida que se cierran las avenidas legales para evitar su extradición, aumenta su incentivo para huir”, expresó la fiscalía estadounidense.
Indicó asimismo que el expresidente podría optar por buscar asilo en otro país y evitar así que lo regresen a Perú.
EL EXPRESIDENTE DE PERÚ ENFRENTA CARGOS POR CORRUPCIÓN EN SU PAÍS
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El alegato aparece en un documento de tres páginas presentado el lunes en la noche ante una corte federal del Norte de California, donde reside Toledo.
El expresidente está acusado en su país de aceptar unos $35 millones en sobornos vinculados con la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. La fiscalía peruana lo acusa de confabulación y lavado de dinero y busca extraditarlo desde 2018.
“La Corte debería revocar su orden de libertad condicional bajo fianza y ordenar su detención” bajo la supervisión de la policía judicial, dijo la fiscal Stephanie Hinds en el documento. Como alternativa, indicó, la corte debería ordenar a Toledo que se entregue inmediatamente a los alguaciles.
Un juez federal estadounidense certificó su extradición en septiembre de 2021 al considerar que cumplía con todos los requisitos legales, pero el exmandatario lanzó una batalla legal para evitar que lo devuelvan a su país natal.
El Departamento de Estado aprobó en febrero la extradición a Perú del expresidente y emitió una orden para que se entregue, pero Toledo pidió por varias vías permanecer en Estados Unidos. Ahora falta que una corte determine si da lugar o no a su solicitud.
Toledo fue detenido en Estados Unidos en 2019 a raíz de la solicitud de extradición de los fiscales peruanos. Actualmente cumple libertad condicional después de haber pagado una fianza.
El pedido de la fiscalía estadounidense tiene lugar después de que el expresidente alegara su profunda preocupación de volver a su país y permanecer detenido mientras se ventila su juicio.
Perú enfrenta una complicada situación política y social. Decenas de personas han muerto en protestas callejeras en reclamo de elecciones anticipadas y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte.
La presidenta llegó al poder en diciembre después de que el por entonces mandatario Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso y arrestado tras un intento por disolver el Parlamento para evitar una votación para su remoción del cargo.
De acuerdo con los fiscales, el alegato de Toledo sobre su temor a volver a Perú apunta a evitar la justicia peruana.
Durante el proceso judicial Toledo ha alegado que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque su país no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con las acusaciones específicas, tal como lo requiere el tratado.
Ha manifestado también que no existen razones para creer que haya cometido los presuntos delitos que se le imputan.
