CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México y otros cinco ministros del alto tribunal presentaron el miércoles sus renuncias en cumplimiento de la controversial reforma judicial que los obliga a dejar sus cargos si no van a competir en las elecciones judiciales; sus salidas, sin embargo, no se concretarán hasta agosto del próximo año luego que se elijan sus reemplazos.
Tras meses de objetar la reforma judicial y respaldar la huelga que realizaron miles de jueces y empleados de los tribunales contra la iniciativa, Norma Piña, presidenta de la Corte, y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara, renunciaron a sus cargos, informó en un comunicado el alto tribunal.
Tal como lo prevé la reforma, los ministros deben renunciar antes de que cierre la convocatoria en noviembre para que los candidatos no pierdan sus beneficios de retiro.
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Así lo ratificó la víspera Sheinbaum al afirmar que si los miembros de la Corte no renuncian ahora “entonces ya no tendrían los haberes de retiro”. “Es un montón de dinero”, agregó.
Las seis dimisiones se dan un día después que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo, consignaran también sus renuncias en la presidencia del máximo tribunal y las enviaran al Senado.
Los ocho ministros descartaron la posibilidad de competir en los comicios de junio del próximo año en los que se elegirán los nuevos miembros de la Corte.
La decisión de ocho de los ministros no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres quienes se mantendrán en sus cargos.
Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participarán en el proceso electoral del 2025 en el que también se elegirá a más de 800 jueces y magistrados.
Así lo contempla la reforma judicial que promulgó a mediados de septiembre el expresidente Andrés Manuel López Obrador dos semanas antes de concluir su sexenio (2018-2024) y que también redujo de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte.
La reforma, considerada como la más radical que se ha hecho en la historia reciente porque implicará la remoción de más de mil jueces y magistrados, fue aprobada en medio de los cuestionamientos de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un duro golpe para el sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.
Sus detractores aseguran que con la elección de los jueces por voto popular, las cortes se llenarán de personas afines al partido gobernante, con poca experiencia y que se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
Pero López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum desestimaron las críticas y defendieron la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial.
La batalla contra la polémica reforma llegó a la Corte donde jueces y partidos opositores presentaron impugnaciones para tratar de detenerla.
El alto tribunal dio a conocer esta semana un proyecto de sentencia que elaboró el ministro González Alcántara que plantea la invalidación parcial de la reforma para impedir que los jueces y magistrados sean votados, pero que permite la elección popular de los ministros. El proyecto será discutido el 5 de noviembre en la Corte.
Antes de la reforma los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran elegidos por el Senado y los jueces y magistrados de los tribunales eran nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
Para blindar la reforma judicial el oficialismo impulsó un nuevo cambio en la constitución para impedir que los tribunales puedan detenerla. La iniciativa se espera que sea aprobada en la Cámara de Diputados.
