Un jurado estatal ha emitido un informe de 146 páginas que pide tomar una serie de medidas para tratar de frenar la inmigración ilegal, diciendo que "dependerá de Florida y otros estados ayudarse a sí mismos, al menos en el corto plazo".
El informe, publicado el lunes en el sitio web de la Corte Suprema de Florida, incluye un llamado a nuevos intentos de tomar medidas enérgicas contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados, investigar a organizaciones no gubernamentales y cobrar tarifas por las transferencias de dinero de Florida a otros países.
"Aprendimos que, en todo caso, muchos floridanos son (tal como lo éramos nosotros antes de emprender esta investigación) casi peligrosamente ingenuos e inconscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal", dijo el el jurado de acusación en el informe. “Lo que descubrimos ha sido en distintos momentos aleccionador, perturbador, deprimente y causa de gran indignación”, se lee en el documento.
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El jurado, formado el año pasado a petición del gobernador Ron DeSantis, también emitió cuatro informes o presentaciones anteriores. Pero el informe profundiza en una amplia gama de cuestiones, como los esfuerzos para impedir que los empleadores contraten inmigrantes indocumentados.
PROPONEN ELIMINAR EXENCIÓN A EMPRESAS CON MENOS DE 25 EMPLEADOS
DeSantis y la Legislatura controlada por los republicanos aprobaron esta primavera un proyecto de ley (SB 1718) que incluía exigir a las empresas con 25 o más empleados que utilizaran el sistema federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los trabajadores.
El jurado pidió eliminar la exención para las empresas con menos de 25 empleados, diciendo que "proporciona demasiados incentivos para que los inescrupulosos 'engañen al sistema'".
El informe también pide abordar cuestiones relacionadas con la concesión de licencias a los contratistas generales.
Señaló lagunas jurídicas en las que los contratistas “simplemente pasan toda la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los empleados para trabajar a un tercero, generalmente un subcontratista o una agencia de empleo; hay ‘subcontratistas de subcontratistas’ en algunos proyectos”.
“En consecuencia, recomendamos que nuestros legisladores evalúen la viabilidad de exigir que los contratistas generales sean, en última instancia, total y directamente responsables legalmente de garantizar que sus subcontratistas contraten sólo trabajadores legales, o exigir que cualquier agencia de empleo de empleados o cualquier persona o empresa que proporcione empleados para trabajar otra, registrarse en el Departamento de Trabajo del estado y estar sujeto a los nuevos requisitos de verificación electrónica de Florida”, decía el informe, aparentemente refiriéndose al Departamento de Oportunidades Económicas del estado. El estado no tiene un Departamento de Trabajo.
ARREMETEN CONTRA LAS ONGs QUE RECIBEN FONDOS FEDERALES
El gran jurado también criticó duramente a algunas agencias no gubernamentales u ONG que reciben dinero federal para ayudar a inmigrantes indocumentados. El informe alegaba que “varias ONG obstruyeron activamente nuestra investigación, negándose a proporcionar información solicitada y negándose a responder algunas preguntas directas”.
Recomendó la formación de otro gran jurado a nivel estatal para centrarse en las organizaciones no gubernamentales, aunque no identificó entidades en las acusaciones.
"Estas ONG no operan verdadera ni exclusivamente como organizaciones humanitarias… No gastan dinero de subvenciones federales para convencer a las poblaciones inmigrantes de que no se arriesguen a una odisea que ponga en peligro sus vidas. Más bien, magnifican la ilusión magnética de prosperidad económica al final de un viaje migratorio”, dice el informe.
PROPONEN COBRAR TARIFA POR LAS REMESAS
En el documento señaló a lo que se conoce como “remesas”, o dinero enviado por inmigrantes en Estados Unidos a otros países. Dijo que las remesas pueden estar vinculadas a actividades delictivas, como el lavado de dinero y el tráfico de personas.
Tomando prestada una idea de Oklahoma, el gran jurado recomendó que Florida cobre una tarifa por las transacciones que involucran dinero que sale del estado y se dirige a otros países.
"Incluso descartando la oportunidad de identificar actividades criminales y recortar las ganancias de los cárteles que esto representa, hay amplias razones para apoyar tal tarifa", dice el informe.
“Para empezar, se trata de una cantidad asombrosa de dinero que está saliendo no sólo de la economía de nuestro estado, sino de la de todo nuestro país. Nunca será gravado, gastado o invertido en nuestro estado y su gente. Florida debería recuperar al menos una parte de ello, especialmente porque este tipo de transferencias están ‘listas para la explotación criminal’. Estos fondos pueden provenir de ingresos legítimos, pero también pueden obtenerse ilegalmente o ser producto de una actividad criminal”.
El año pasado, DeSantis pidió a la Corte Suprema que aprobara la formación del gran jurado mientras él y la fiscal general Ashley Moody se centraban en gran medida en cuestiones de inmigración. Moody, entre otras cosas, ha presentado o firmado demandas contra la administración Biden que cuestionan las políticas fronterizas federales. Criticar las políticas federales también ha sido parte de la campaña presidencial de DeSantis. El gran jurado se reunió en el Décimo Circuito Judicial, que está formado por los condados de Polk, Hardee y Highlands. Estaba previsto que el gran jurado terminara el 1 de noviembre, pero en agosto la Corte Suprema aprobó extender su mandato hasta abril de 2024
