Una madre de 3 hijos que ha vivido en EEUU por 20 años, como indocumentada, cuenta su historia tras pedir proteger su identidad por miedo a las represalias.
Con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y la implementación de medidas contra inmigrantes ilegales, María -como le llamaremos para preservar su verdadero nombre- es parte de más de 1 millón de personas indocumentadas en Florida, que siente que su estancia en el país, corre riesgo con posibles redadas en zonas sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.
Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Migrantes de la Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) explica que “desde ayer, la administración y el departmento de homeland security han derogado ese memo y que quiere decir que estás zonas sensibles ya no existen, y se pueden hacer redadas”.
Thomas Wenski, arzobispo de la arquidiócesis de Miami sostiene que sin una orden legal, no pueden entrar a ningún santuario. “El presidente quiere controlar la frontera es una meta admirable, pero también nos dice que quiere una economía muy próspera, pero no va a lograr una economía próspera sin contar con los inmigrantes”.
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Solo en Florida entre el 37 y el 47% de los trabajadores agrícolas en el estado son indocumentados. Para evitar detenciones y proteger sus derechos organizaciones pro inmigrantes en la Florida, sugieren mantener silencio y no responder ante preguntas sobre estatus migratorio.
Aconsejan que si son recogidos o detenidos sepa que tiene derecho a pedir un abogado de inmigración inmediatamente y hablar con él, antes de firmar cualquier documento. Si agentes de inmigración u oficiales de la policía quieren entrar a su casa, exija una copia de la orden judicial.
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Aj Sánchez de American for Inmigrant Justice, advierte que “pueden presentarlas por medio de una ventana o pueden pasarlas por debajo de la puerta antes que decidan si quieren abrir la puerta”. Y tenga en su poder una copia de la tarjeta que recoge sus derechos.
La coalición de migrantes de Florida ha establecido una línea de comunicación a través de este número de teléfono 1-888-600-5762, para aquellos indocumentados en riesgo, mientras en el Congreso, políticos locales apoyan el control total de la frontera con las medidas del presidente Trump.
El congresista de Florida, Carlos Giménez, apunta: “Ya con sus órdenes ejecutivas ha parado la política de Biden que era desastrosa y vamos a ver menos y menos y vamos a ver menos personas entrando ilegalmente en EEUU”.
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) dijeron en un comunicado que “están revisando los cambios recientes en la aplicación de las leyes de inmigración para evaluar su posible impacto en nuestras escuelas y garantizar el cumplimiento de todas las normas locales, estatales y federales. Las M-DCPS mantienen su compromiso de mantener un entorno de aprendizaje seguro, acogedor y de apoyo para todos los estudiantes y el personal”.
