SAN DIEGO, California — Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el viernes por unanimidad una orden que había emitido horas antes para bloquear una disposición crucial de una política del gobierno del presidente Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se resuelven en tribunales en Estados Unidos.
El panel de tres jueces ha indicado al gobierno que presente argumentos escritos a más tardar el lunes y a los demandantes que respondan a más tardar el martes.
El Departamento de Justicia dijo que al menos 25,000 solicitantes de asilo a los que abarca esa política esperan en la actualidad en México y manifestó sus “preocupaciones enormes e irreversibles de seguridad nacional sobre la seguridad pública”.
Los abogados del gobierno dijeron que los abogados de inmigración habían comenzado a exigir que se permita a los solicitantes de asilo permanecer en Estados Unidos. Uno había insistido en que se autorice a 1,000 personas ingresar por una sola parte.
“El restablecimiento de la orden de restricción por parte de la corte causa a la ciudadanía y al gobierno de Estados Unidos perjuicios importantes e irreparables a la seguridad fronteriza, la seguridad pública, la salud pública, y las relaciones diplomáticas”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Aduanas y Protección Fronteriza había comenzado a dejar de procesar a las personas en conformidad con la política.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito asestó el revés al gobierno, aunque podría ser temporal si este impugna el fallo ante la Corte Suprema federal, que ha apoyado sistemáticamente las políticas de inmigración y seguridad fronteriza del mandatario. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que se coordinaba con el Departamento de Justicia para “apelar de manera expedita esta inexplicable decisión”.
El programa “Permanecer en México”, llamado oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera sur. Casi 60,000 personas han sido regresadas para que aguarden una audiencia, y las autoridades creen que es una razón de peso por la que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80% en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en 13 años.
Los activistas y los abogados de inmigrantes, que llevan meses forcejeando con el gobierno por un programa que consideran un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México, reaccionaron rápidamente a la decisión. Cientos más han estado viviendo en campamentos miserables justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.
