El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que la legislatura estatal podrá votar sobre un proyecto de ley para requerir que todos los empleadores privados utilicen el sistema electrónico e-verify para comprobar el estatus migratorio de sus empleados.
Se trata de un requisito que el gobernador logró impulsar durante su primer término para el sector público y ahora quiere expandir para el sector privado.
“En la Florida, como en la mayoría de los estados, hay que ser elegible, estar aquí legalmente para trabajar”, afirmó el gobernador, pero hacer esto cumplir puede ser difícil.
“Esto expande el requisito que ya se utiliza para nuestros empleados estatales y contratistas”, añadió el gobernador.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Orlando aquí.
Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, dijo: “Vamos a ver cómo funciona esto con el sector agrícola en nuestro en estado. A ver quién va a recoger la lechuga, el tomate y a ver cómo se van a sentir cuanto tengan que pagar el doble, el triple por los precios en el súper mercado”.
“Vamos a aumentar la pena por el tráfico humano”, afirmó el gobernador.
“Pero si usted trae a su primo o prima o familiar de otro país, usted tiene una felonía de tercer grado”, dice Kennedy.
EEUU
También la propuesta del gobernador convierte en un delito mayor de tercer grado transportar, esconder o albergar a inmigrante ilegal en la Florida.
Una pena de hasta 5 años en prisión y una multa de $5,000. Si el inmigrante es menor de 18 años se convierte en un delito mayor de segundo grado. Una pena de hasta 15 años de prisión y una multa de $10,000. Y enfrentarán un cargo separado por cada inmigrante ilegal.
“Vamos a prohibir la práctica de algunos condados de darle tarjetas de identificación a inmigrantes ilegales”, afirmó el gobernador.
Entre otras cosas, además pide prohibir reducciones en los costos de los college y las universidades para estudiantes indocumentados y pide que los hospitales reporten todos los gastos que tengan por atender a inmigrantes ilegales. Todo esto de discutirá en la sesión legislativa que comienza en marzo en Tallahasee.
