WASHINGTON - El Departamento de Justicia informó el lunes que había despedido a varios abogados de carrera involucrados en el procesamiento del presidente Donald Trump.
Los empleados del Departamento de Justicia trabajaron en la investigación del fiscal especial Jack Smith que condujo a acusaciones ahora desestimadas contra Trump por su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por revocar su derrota electoral de 2020 en el período previo al ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.
"Hoy, el fiscal general interino James McHenry despidió a varios funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel importante en el procesamiento del presidente Trump", dijo un funcionario del Departamento de Justicia a NBC News. "A la luz de sus acciones, el fiscal general interino no confía en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es coherente con la misión de poner fin al uso del gobierno como arma", agregó.
Entre los despedidos, dijo a NBC News un funcionario familiarizado con el asunto, se encontraban los fiscales de carrera Molly Gaston, J.P. Cooney, Anne McNamara y Mary Dohrmann.
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Smith renunció a principios de este mes, antes de la investidura de Trump. La reelección de Trump puso fin de hecho a los procesos penales federales en su contra debido a las políticas de larga data del Departamento de Justicia contra el procesamiento de un presidente en funciones.
El caso por el pago a la actriz porno Stormy Daniels, presentado por el fiscal general de Manhattan Alvin Bragg, es el único proceso penal contra Trump que ha conducido a una condena. Trump fue sentenciado a principios de este mes a libertad incondicional sin pena, lo que lo convirtió en el primer delincuente convicto que asume la presidencia.
El único juicio pendiente, el caso de interferencia electoral presentado por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quedó estancado indefinidamente después de que ella fuera expulsada del proceso en diciembre debido a acusaciones de conflicto de intereses.
Trump dijo durante la campaña electoral de 2024 que todas las investigaciones eran "cacerías de brujas" indebidas y con motivaciones políticas. Aseguró que los demócratas habían "utilizado como arma" al Departamento de Justicia y tratado de usarlo para socavar su candidatura a la reelección.
El exfiscal general Merrick Garland y el fiscal especial Smith negaron reiteradamente que las investigaciones tuvieran motivaciones políticas. Dijeron que las propias acciones de Trump dieron lugar a investigaciones penales sobre su papel en los disturbios del 6 de enero y su negativa a devolver documentos clasificados a los Archivos Nacionales.
Exfuncionarios del Departamento de Justicia y expertos legales han sostenido durante mucho tiempo que Trump no debería tomar represalias contra funcionarios de carrera que simplemente estaban haciendo su trabajo y, en algunos casos, asignados a la investigación. Dijeron que tomar represalias contra los fiscales de carrera que trabajaron en los casos de Trump tendría un efecto amedrentador en la fuerza laboral del Departamento de Justicia y socavaría futuras investigaciones de actos indebidos por parte de funcionarios públicos.
"Despedir a los fiscales por los casos que se les han asignado es simplemente inaceptable", dijo la exfiscal federal Joyce Vance, colaboradora legal de NBC News. "Es contrario al Estado de derecho y a la democracia", aseguró.
"Está jugando con el dinero del casino, con el dinero de la casa", expresó un funcionario del Departamento de Justicia a NBC News. "Lo que el gobierno tenga que pagar, si se descubre que se han violado algunos derechos, no será nada en comparación. Es un precio que está dispuesto a que el gobierno pague", agregó.
La carta enviada a los empleados que fueron despedidos menciona específicamente su papel en la investigación de Trump. "Ustedes desempeñaron un papel importante en el procesamiento del presidente Trump", dice la carta, según fragmentos leídos a NBC News. "El funcionamiento adecuado del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados. Dado su importante papel en el procesamiento del presidente, no creo que el liderazgo del departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente", agrega.
La carta reconoce que los empleados pueden apelar esta decisión ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito federal, que decide la disciplina de los empleados federales.
Los funcionarios de carrera no pueden ser despedidos sumariamente: se desarrollará un proceso legal.
Julie Zebrak, exabogada del Departamento de Justicia y experta en derecho laboral federal, dijo que los funcionarios públicos de carrera no pueden ser despedidos sumariamente.
"Tienen derechos de servicio civil. Tienen derechos de debido proceso", aseguró.
Si el Departamento de Justicia sostiene que estos abogados no están trabajando adecuadamente, deben estar sujetos a lo que se conoce como disciplina progresiva, dijo, que incluye advertencias y avisos. Se les debe permitir contratar abogados antes de que pierdan sus trabajos.
"Hay una razón por la que la gente dice que es tan difícil despedir a los empleados federales", indicó.
