MANAGUA, Nicaragua — En medio de la noche, muchas veces con violencia, la policía de Nicaragua allanó las viviendas de unos 20 opositores políticos detenidos durante el último mes. Es lo más terrible que han vivido, afirmaron familiares y testigos.
La ola de arrestos y allanamientos comenzó el 27 de mayo con la detención de Walter Gómez y Marcos Fletes, empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización no gubernamental de promoción de la libertad de prensa que funcionó durante 35 años.
“A mi marido se lo llevaron de mi casa y desde entonces no he sabido nada de él”, dijo Consuelo Céspedes, esposa de Gómez, exadministrador de la Fundación. Céspedes cree que su esposo está recluido en la cárcel El Chipote, en la zona sur de Managua, junto al resto de los opositores capturados. Pero nadie los ha visto y el gobierno de Daniel Ortega no ha confirmado si están en ese lugar.
La Fiscalía investiga por supuesto lavado de dinero a la Fundación y a su exdirectora, la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y que está bajo arresto domiciliario tras un sorpresivo allanamiento el 2 de junio.
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Aunque la jueza Karen Chavarría emitió una orden de allanamiento, la policía utilizó tropas antimotines para rodear la casa y actuó “violentamente”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La residencia, situada a 11 kilómetros de Managua, sigue vigilada por policías.
Los otros aspirantes presidenciales detenidos son Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, arrestados entre el 5 y el 8 de junio, así como el periodista Miguel Mora, aprehendido el domingo. Ortega aseguró que ninguno de ellos es “candidato” y que todos son “criminales”.
“Pegaban gritos, tiraban patadas y Miguel trataba de abrir la puerta y les decía ‘aquí estoy’… ellos decían ‘salgan’, pero cómo iba a abrir si no dejaban de patear la puerta”, relató llorando su esposa, la también periodista Verónica Chávez. Mora, director del clausurado canal de televisión 100% Noticias, estuvo preso casi seis meses tras la revuelta social que estalló en abril de 2018 y que el gobierno calificó de “fallido golpe de Estado”.
“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y detenga, pero cada vez nos acercamos más a Cuba, Venezuela y Corea del Norte”, declaró el abogado y político opositor José Pallais tras las primeras detenciones. El propio Pallais sería arrestado el 9 de junio en su casa en León, en el occidente del país, que también fue allanada.
Más allanamientos se realizaron el 13 de junio, cuando la policía detuvo a varios excamaradas de Ortega: los dirigentes del movimiento disidente Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Tres de ellos son los exguerrilleros Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres -este último también general retirado del ejército-, que fueron aprehendidos de noche y con violencia, según testigos.
“Lo agarraron entre 10 hombres encapuchados, lo metieron en una camioneta y se lo llevaron”, dijo Arlen Tinoco, quien presenció el arresto de su padre en un centro comercial. Dijo que uno de los hombres le arrebató su teléfono cuando ella intentó filmar y amenazó con golpearla.
Tres días después, la policía se presentó a allanar la vivienda de Tinoco. “Querían saltar sobre los portones, gritaban y amenazaban con botarlos”, relató a AP su esposa, Deyanira Parrales, quien según dijo les pidió “respeto y no violencia” a los efectivos que ingresaron a su casa.
Dos de las cinco hijas de Tinoco recibieron a los antimotines con rezos y un crucifijo en alto. “San Miguel Arcángel, aleja los demonios del mal”, clamaban las mujeres mientras recorrían la sala ante la mirada impávida de los uniformados, contó Parrales. Agregó que nadie fue agredido físicamente ni hubo destrozos, pero “esas fueron las horas más horribles de mi vida”.
Para arrestar a Téllez y Ana Margarita Vijil -una de las principales dirigentes de Unamos-, la policía desplegó “más de 60 antimotines y cuatro patrullas”, dijo su familia en un comunicado. Indicó que los policías entraron “rompiendo puertas” y maltrataron a las mujeres. Igual suerte corrió Hugo Torres, de 73 años y quien en 1974, bajo la dictadura de Anastasio Somoza, participó en una acción armada sandinista que liberó a Ortega de la cárcel. “El asalto para sacar a mi padre de la casa fue extremadamente violento”, expresó su hijo Hugo Torres Turcios, que presenció el hecho.
Una denuncia similar hizo la poeta Gioconda Belli, hermana del exministro de Educación Humberto Belli, quien huyó del país tras ser involucrado en ilícitos junto a otros 12 empresarios. Su casa fue objeto de un allanamiento policial y posterior asalto el 19 de junio. “Vestidos como ladrones a las 3 am, entraron y se llevaron absolutamente todo de la casa. Amenazaron a mi cuñada y a mi sobrina. No sé ni cómo calificar este horror”, tuiteó la escritora y activista.
Según familiares de los detenidos, en muchos casos la policía decomisó teléfonos, computadoras y objetos personales como fotografías. La Fiscalía informó que de la casa de Cristiana Chamorro las autoridades se llevaron documentos para ser analizados.
Hemos encontrado “una red que venía conspirando, una red que tiene nombres y apellidos, nombres de organismos y personas connotadas”, dijo Ortega al referirse por primera vez a estos hechos el pasado miércoles, cuando acusó a los detenidos de ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”.
Añadió que los opositores querían organizarse para llevar a cabo “otro golpe de Estado” y derrocarlo. “Todos van a ser procesados, no habrá ni un paso atrás”, advirtió.
El gobierno de Estados Unidos acusó a Ortega, de 75 años, de pretender eliminar a sus principales rivales políticos para asegurarse su reelección en los comicios del 7 de noviembre e iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.
